La modificación de la capacidad jurídica y las figuras jurídicas de protección (continuación)

Una vez expuestas las figuras tuitivas y su fundamento jurídico en la introducción de este tema, vamos a profundizar en su puesta en práctica.

Imaginemos que alguien de nuestro entorno comienza a presentar varios de los síntomas descritos en el artículo anterior; cada vez la situación se complica más y se hace necesario efectuar alguna medida que proteja a esa persona.

Los profesionales recomendamos que este tipo de decisiones se tomen en equipo y de forma democrática (por ejemplo, mediante una reunión familiar), y si es posible con la persona afectada presente (dentro de sus capacidades y posibilidades). En estas dinámicas casi siempre aparece una persona que toma la iniciativa, bien porque tenga algunas cualidades personales o un estatus concreto dentro de la familia, o bien por un nivel de formación o conocimientos específicos en la materia. Esta persona suele posteriormente erigirse como representante del presunto incapaz y de la familia frente a terceros, adquiriendo protagonismo en el proceso.

Cuando se toma la decisión de que hay que actuar, el primer paso sería contactar con el médico que atiende habitualmente al presunto incapaz. Éste podrá informarnos y asesorarnos sobre los trámites a seguir y la necesidad de optar por una medida de tan importante calado. Si todo trascurre con normalidad y resulta pertinente, el siguiente paso es notificar al Ministerio Fiscal. Este trámite se realiza cumplimentando un formulario disponible en el juzgado (Instancia sobre modificación de incapacidad) acompañando los siguientes documentos:

  • Documento Nacional de Identidad del presunto incapaz y de la persona que notifica la situación
  • Partida literal de nacimiento (se puede solicitar en el Registro Civil o Consular)
  • Certificado médico que mediante los diagnósticos se justifique de algún modo que esa persona puede tener su capacidad de decisión afectada de forma relevante, permanente e irreversible
  • Empadronamiento o certificado municipal de convivencia
  • Listado de parientes más próximos

En casos muy comprometidos o delicados, donde se requiera de una rápida actuación o la toma de una medida urgente, también se pueden solicitar medidas cautelares (art. 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que garanticen la protección de la persona y de su patrimonio mientras se resuelve el proceso de incapacitación mediante una sentencia firme. Estas medidas cautelares pueden consistir en suspensión de poderes otorgados por el presunto incapaz, imposibilidad de suscribir nuevos contratos o incluso de la autorización a un internamiento involuntario en un centro que pueda satisfacer las necesidades básicas que se estaban viendo comprometidas quedando la persona, o terceros, en grave peligro.

El internamiento no voluntario por trastorno psíquico es otra medida de protección que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 132/2010 de 2 de diciembre, declaró inconstitucional el artículo 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se regulaba esta forma de protección, complementando que “Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado”. Esta sentencia es garante para que el proceso de internamiento involuntario se efectúe preservando los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y comprometiendo a los magistrados a ser parte de todo el proceso, desde su inicio.

El internamiento no voluntario cuando se produce de forma urgente debe ser notificado por el responsable del centro al juzgado a la mayor brevedad posible y en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

El magistrado se apoyará en distintos profesionales para la adopción de la medida más adecuada, entre los cuales encontramos médicos (especialmente forenses), psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de conocer la situación integral de la persona que requiere la medida y su entorno.

Una vez se produce el juicio verbal, previa audiencia a todas las partes interesadas, se establecerá la medida pertinente. En ocasiones encontramos que un incapaz no tiene ningún familiar que pueda ostentar el cargo de tutor o curador con la suficiente garantía o diligencia, para estos casos existen entidades que desarrollan esta labor tutelar. Por ejemplo encontramos la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) o la Fundación Granadina de Tutela (FGT), son organismos de interés público de naturaleza fundacional o pública que desarrollan su labor de forma profesional.

La legislación impone una serie de controles, como mínimo anuales sobre las personas con capacidad jurídica modificada, que contemplan su patrimonio, situación de salud y situación psicosocial.

En resumen, seguimos destacando que todas las medidas explicadas anteriormente están destinadas a proteger o solventar la situación de indefensión que pueden afectar a personas mayores o no, con su capacidad de decisión mermada. Estas figuras ofrecen suficientes garantías como para que el titular de los derechos no los pierda ni los vea menoscabados, aunque sí se modifique la capacidad de ejercitarlos.

También debemos destacar que desde la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, aprobada, ratificada, suscrita y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, las garantías jurídicas de las personas con discapacidad se ven aumentadas y debidamente reconocidas, buscando los magistrados instrumentos de equilibrio y medidas proporcionadas a las necesidades de cada caso en particular. Por todo ello, las sentencias que se están emitiendo, cada vez observan más las potencialidades del ciudadano a proteger, tratando de fomentar al máximo su autonomía y de ser lo menos restrictivos en el ejercicio de sus derechos (por ejemplo,  para ejercitar el sufragio activo). Este hecho ha sido un paso importante, reclamado desde hacía tiempo por colectivos que representan a personas con discapacidad.

 

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