La modificación de la capacidad jurídica y las figuras jurídicas de protección (introducción)

Frecuentemente, en su proceso de envejecimiento, las personas mayores pueden ver mermadas sus capacidades psíquicas y volitivas, especialmente en casos de demencia o deterioro cognitivo.

Hay distintos tipos de síntomas que pueden hacernos sospechar que una persona mayor realmente tiene su capacidad de decisión o su autogobierno afectados. Los profesionales observan distintas esferas para realizar valoraciones y poder objetivar de alguna forma el conjunto de parámetros necesarios para establecer las medidas oportunas.

En primer lugar encontramos la orientación personal (autopsíquica): ¿quién soy, cuál es mi nombre completo? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuáles son mis destrezas y limitaciones a nivel físico y mental? Una persona que responda adecuadamente a este tipo de cuestiones podríamos decir que tiene orientación en la esfera personal y, probablemente, autoconciencia preservada. Uno de los problemas más frecuentes que podemos encontrar a este respecto es que una persona no sea consciente de su situación o de sus propias limitaciones físicas y psíquicas (anosognosia), lo que en ocasiones implica un grave riesgo,  asumiendo la persona situaciones o peligros que no podrá afrontar con solvencia. En estos casos la persona afectada suele negarse a aceptar ayuda y no reconoce la existencia de una limitación o problema. Es aquí cuando conviene recabar ayuda profesional que trabaje para desbloquear la situación.

La orientación en la esfera alopsíquica (factores externos a la persona) se divide en orientación espacial (¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí…?) y la orientación temporal  (¿qué día es hoy? ¿En qué estación del año estamos?). Cuando la persona no es capaz de responder este tipo de cuestiones de forma adecuada está evidenciando que, en ese momento, no se encuentra orientada temporal o espacialmente, e incluso ambas (lo más frecuente).

Si esta desorientación en las tres esferas principales se mantiene a lo largo del tiempo (normalmente más de seis meses) y cursa con otros síntomas, como pueden ser pérdidas importantes de memoria o dificultades para recordar hechos recientes o crear nuevos recuerdos, dificultades para administrar el patrimonio, imposibilidad para la toma de decisiones necesarias para el propio bienestar, patologías o procesos degenerativos… Diremos que esta desorientación está afectando a la capacidad de una persona que, siguiendo a Krafft-Ebing, sería la aptitud para ejercitar los derechos, para obrar con eficacia jurídicay estaría compuesta por:

  • La suma de conocimientos acerca de los derechos y deberes para vivir en sociedad.
  • Juicio suficiente para aplicarlos en cada caso concreto.
  • Firmeza de voluntad para elegir entre varias alternativas.

juridica

En este punto, la legislación establece una serie de medidas para proteger a la persona que se encuentra desde el punto de vista jurídico en una situación de desventaja o indefensión. Estas medidas son la incapacitación, la tutela, la curatela, la guarda de hecho y el defensor judicialtodas ellas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, a partir del artículo 199 hasta el 313, ambos inclusive, y en los artículos 756 al 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La incapacitación judicial se materializa siempre a través de una sentencia de incapacitación, la persona mantiene la integridad de sus derechos fundamentales pero algunos de ellos no puede ejercerlos directamente por esa falta de capacidad. En la misma sentencia se establece una medida para garantizar que esta incapacidad sea sustituida o complementada mediante alguna de las figuras jurídicas de protección que veremos a continuación.

  • La curatela es una figura necesaria en algunos casos donde la capacidad del individuo se encuentra parcialmente afectada (puede tomar unas decisiones pero no otras, al igual que realizar ciertos actos). En este caso, la figura del curador complementa esa falta de capacidad para los actos que se hayan determinado mediante sentencia judicial (ventas patrimoniales importantes, manejo de dinero a partir de cierta cantidad, suscripción de contratos…).
  • La tutela se aplica cuando el individuo no presenta una mínima capacidad volitiva o de autogobierno, por lo que aparece la figura del tutor, que es la persona responsable de tomar todas las decisiones, tanto personales como patrimoniales. El tutor sustituye el papel que la persona no es capaz de ejercer por sí misma. El Ministerio Fiscal y el Juzgado controlan el ejercicio de la tutela al menos anualmente y velan para que no se produzcan contraposiciones de intereses o situaciones desfavorables para el tutelado.
  • La guarda de hecho es una figura de protección que actúa en base a su buena fe y criterio sin estar constituida oficialmente en el juzgado. Cuando la autoridad competente tenga conocimiento de que existe un guardador de hecho podrá requerirle información sobre sus actuaciones y otorgarle o no ciertas facultades tutelares. Puede ser guardador de hecho cualquier persona con algún tipo de vinculación con el presunto incapaz que haya asumido ese papel protector.
  • El defensor judicial es la figura que toma protagonismo desde que el juzgado inicia el procedimiento de incapacitación o las medidas cautelares hasta que se resuelve definitivamente el juicio verbal sobre la modificación de la capacidad. Durante ese tiempo, esta figura vela por los derechos del presunto incapaz.

Como resumen para esta toma de contacto con la incapacidad en personas mayores y las figuras tuitivas a incapacitados diremos que el procedimiento de modificación de la capacidad jurídica se hace necesario en bastantes casos o situaciones, sirviendo para regular y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de personas que, por determinadas circunstancias, no se encuentran en situación de ejercerlos de forma efectiva ni conveniente para ellos mismos.

Nuestro estado de derecho, a través de su ordenamiento jurídico, Tribunales y Fiscalía velan porque estas personas que, en principio, podrían encontrarse en una situación de vulnerabilidad, puedan preservar la integridad de sus derechos fundamentales, aunque su ejercicio se realice por terceros o de forma indirecta.

Resulta muy habitual que la familia presente sentimientos ambivalentes con respecto a notificar o promover una medida de importante calado como es la modificación de la capacidad de obrar de una persona, en este caso recomendamos consultar con algún profesional experto en la materia y destacamos que, si la situación lo requiere, lo irresponsable sería asumir una actitud pasiva o de inacción que, muy posiblemente, acarree consecuencias negativas para los propios interesados.

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